Por: Gonzalo Haro
Mientras el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, se aprovecha de las compras de la municipalidad provincial para promocionarse sin escrúpulos como precandidato de Alianza para el Progreso (APP), su copartidario y competidor Martín Namay, alcalde del distrito La Esperanza, recibe denuncias por firmar contratos escandalosamente amañados.
Namay, quien a todo cuestionamiento tacha de «ataque político», recibió a vísperas de Navidad un informe de la Contraloría General lleno de observaciones respecto a tres contratos que le costaron al fisco 862 mil 590 soles y que se gestionaron durante su mandato y la de su predecesor, el prófugo de la justicia Daniel Marcelo, a favor de la imprenta Rosmer Comercio y Servicio S.A.C., cuyo encargo fue entregar más de 30 mil declaraciones juradas, entre otros documentos, para los ejercicios fiscales del 2018, 2019 y 2020, del distrito más populoso de Trujillo.
TRAGICOMEDIA DE LEGULEYADAS
Lo que la Contraloría halló fue un particular modus operandi en la Municipalidad Distrital de La Esperanza para hacer ganar a una pequeña pero suertuda imprenta, lo que termina salpicando no solo a dos gestiones municipales, entre ellos 10 funcionarios -algunos ya conocidos por otros procesos judiciales que terminaron con pena de cárcel-, sino también a un exregidor aprista que actualmente se pavonea en fotografías junto a candidatos del movimiento de Rosa Núñez Campos, la exesposa de César Acuña.
En el informe que Con Memoria Periodistas pudo revisar en exclusiva, se corrobora lo que se ha vuelto pan de cada día en varias municipalidades del país: que antes de elegir a un proveedor, determinan «el precio estimado» del servicio de forma parcializada.
En teoría, un municipio debe determinar ese monto tras solicitar cotizaciones de dos empresas (como mínimo), así como fruto del acceso a «portales, páginas web, catálogos, precios históricos o estructuras de costos», según manda la Ley de Contrataciones.
Sin embargo, todo lo que pasa en las áreas de Logística suele ser discrecional, hasta el punto de que solo hacen lo primero: el «precio estimado» -que se determina antes de que se presenten los proveedores a la contratación y que se mantiene en estricta reserva hasta el día en que se elige a uno de ellos- depende de lo que dicen dos o tres negocios, dejando abierta la posibilidad para cualquier confabulación bajo la mesa o concertación de precios, pues la elección final del proveedor depende, en gran parte, de cuán cerca esté su oferta económica a aquel «precio estimado».
Es así que en el primer contrato celebrado entre la municipalidad esperancina y Rosmer Comercio y Servicio S.A.C., el desembolso fue de S/ 312 mil 590. Pero ¿por qué? Tras la publicación de todas las actas del proceso, se descubrió que la oferta económica de Rosmer ni siquiera fue la que se acercó más, sino la que coincidió exactamente con el «precio estimado» (S/ 312 mil 590). ¿Y cómo se determinó el monto? Como fruto del balance entre dos cotizaciones: la del proveedor Carlos Ramírez Díaz (S/ 320 mil 860) y la del propio ganador, Rosmer (S/ 312 mil 590), siendo esta última la decisiva, pues era la más barata. Rosmer, amparado en el silencio de los funcionarios, decidió el precio, y cuando se convocó oficialmente al concurso, el camino le fue más simple de recorrer.
No fue lo único. Según la Contraloría, las dos cotizaciones que condicionaron el «precio estimado» eran idénticas, redactadas con iguales términos y errores, como si hubieran sido elaboradas por la misma persona. Pero, además, las seis empresas que luego compitieron oficialmente en el concurso público se vieron frenadas por exigentes requisitos que solo Rosmer pudo superar: el plazo irreal de un día para cumplir con el servicio y la sofisticada tecnología con la que debían contar.
Solo Rosmer Comercio y Servicio S.A.C. (que no dejó rastro de su real contacto telefónico en el buscador de proveedores del Estado ni de su presencia en su dirección oficial, en una casa de la calle Pablo de Olavide, en la urbanización Andrés Rázuri) le dijo al municipio de La Esperanza que podía imprimir las más de 30 mil declaraciones juradas en un solo día, pese a que, de acuerdo la investigación de Contraloría, existen tres etapas de impresión para este tipo de documentos que toman más de dos días.
Solo esta empresa notificó que sí contaba con la máquina de impresión «Modelo CD74-4lx, con año de fabricación a partir del 2008, con acabado computer player (CP200 al color), con refrigeración tecnotrans y con control de temperatura», requisito que impuso la municipalidad y que solo facilitó la elección de Rosmer y no la de sus contendores.
DOS EMPRESAS Y EL DESENGAÑO
Pero como las mentiras tienen patas cortas, estas exigencias desproporcionadas -como las llamaron los auditores de control- quedaron desbaratadas por los propios involucrados.
La impresora de alta gama que ostentaba Rosmer era fruto de un contrato de alquiler con la empresa Inversiones Rodríguez Albert E.I.R.L., pero su apoderada, Karina Holguín Cabanillas, dijo en una carta, el 21 de junio de este año, que «mi representada no tiene relación con la empresa Rosmer Comercio y Servicio S.A.C. y muchos menos ha suscrito contrato de algún alquiler. La firma es falsa y, por ende, la información que se encuentra en el contrato también es falsa».
Sumado a ello, Rosmer aseguró que tenía experiencia para ese tipo de servicios, presentando cuatro contratos de servicios del 2014, 2015, 2016 y 2017 con la empresa agroindustrial Laredo S.A.A., cuyo gerente general, Luis Fernando Piza, requirió la impresión de su revista institucional anual «Sol de Laredo».
Sin embargo, el mismo Luis Fernando Piza, mediante una carta del 11 de junio de este año, asegura -contrariamente- que «Laredo S.A.A. no ha suscrito ni tiene como proveedor registrado a la empresa Rosmer Comercio y Servicio S.A.C., por lo tanto, los contratos son documentos en los que se ha falsificado la firma del gerente general y se ha usado sellos y membretes de la compañía que no corresponden a los oficiales que utilizamos en nuestros contratos y comunicaciones».
Y añade, con el mismo tono: «Mi representada no publica documento alguno denominado ‘Revista Institucional Anual Sol de Laredo’. Por lo tanto, las actas de conformidad de esos servicios también son falsificados. (Además) En dichas actas de conformidad aparece la firma y sello de Pierangela Pilotto Carreño, funcionaria que no labora en nuestra empresa desde el 2013, de acuerdo a nuestros registros laborales».
El segundo y tercer contrato, avalados el 2019 y el 2020 por el actual alcalde de La Esperanza tuvieron las mismas características que el primero: un similar y conveniente «precio estimado», requisitos irreales y muy sofisticados, aunque con un detalle extra: Rosmer Comercio y Servicio S.A.C. había escalado un peldaño más en su nutrida participación de servicios estatales: ya tenía en su haber una contratación de S/ 312 mil 590 con el municipio, ¡producto del contrato bamba con Laredo S.A.A.!
Tan es así que, desde el 2019 hasta hoy, Rosmer Comercio y Servicio ha facturado S/ 1 millón 325 mil 652 con la municipalidad de La Esperanza y la municipalidad provincial de Trujillo, de acuerdo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Un crecimiento de ingresos portentoso.
UN SOSPECHOSO EN LAS SOMBRAS
Rafael Alexander Vera Alvites era «un destacado empresario de la industria gráfica» en el 2014, según el portal Opinión.pe, que lo entrevistó cuando candidateaba por la regiduría en la municipalidad de La Esperanza, y la que finalmente ganó de la mano del APRA.
Su nombre es ahora clave en esta trama porque meses después de terminar su cargo de regidor, en el 2019, su hijo Jonathan Vera Becerra era dueño del 90 % de acciones de Inversiones Vayro S.A.C., la empresa con la que Rosmer Comercio y Servicio S.A.C. se consorció para ganar su segundo contrato con La Esperanza. Un 2 de abril del 2019 su gerente general, Cynthia Vera Cabanillas, representó al Consorcio Vayro y dibujó su firma junto a la de Martín Namay.
Este hecho fue sorpresa de los auditores de Contraloría, pues «están impedidos de ser contratistas los regidores, sus cónyuges, convivientes o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, hasta 12 meses después de haber concluido el cargo».
Rafael Vera, buscado anoche por este medio en su domicilio de Trujillo, nos atendió brevemente, pues dijo encontrarse ocupado, y nos prometió responder a nuestras preguntas solo si es mediante un correo electrónico, ya que debía leer el informe de la Contraloría previamente. Sin embargo, admitió saber, en principio, que está prohibido contratar con la empresa del familiar de una autoridad, aunque luego se limitara a decir que desconoce los pormenores del contrato de la empresa de sus familiares. Consultándole si nos podía brindar el número telefónico de alguno de ellos, este se negó.
Ahora, el exregidor aprista -alguna vez acusado de frustrar investigaciones en el concejo distrital de La Esperanza- exhibe fotografías con Rosa Núñez Campos, exesposa de César Acuña y actual lideresa del movimiento regional Nueva Libertad; Raúl Álvarez, nuevo postulante a la alcaldía de La Esperanza, y Paúl Rodríguez, candidato a la alcaldía provincial de Trujillo y exalcalde distrital de El Porvenir del 2011 al 2018.
Rodríguez, cuya gestión distrital -a propósito- contrató a Inversiones Vayro a través de ocho órdenes de compra que sumaron los 14 mil 595 soles, solo dijo conocer a Vera por su vínculo con el partido aprista.
Cuando Opinión.pe le preguntó al otrora candidato a la regiduría de La Esperanza qué haría de ser elegido, Vera respondió, solemnemente: «La elección nos pone en una disyuntiva entre el poder económico que todo lo compra y lo corroe, o elegir a un representante popular que quiera servir al pueblo… Seré un freno para aquellos con apetitos personales que quieren imponer sus intereses en la comuna».
Inversiones Vayro S.A.C. (cuyas acciones ya están en otras manos) y Rosmer Comercio y Servicio S.A.C., que han facturado, desde aquellos hechos hasta hoy, S/ 2 millones 922 mil 992 con el Estado peruano, tienen muchas cuentas por rendir junto a la fila de funcionarios que estarán pronto bajo la lupa de la Procuraduría Anticorrupción.