Escribe: Gabriel Durand
“No puedo dormir, aún sigo viendo a los ronderos que me golpean. Tengo miedo. Me duele el hombro, mi pierna”. “Ya veo su cara de uno, ya veo su cara del otro. Agarraban el látigo y me ‘chicoteaban’. Ahí, bailando el señor Miguel y yo como cuscurro volteando en el aire”.
Así de desgarradores son los testimonios de Octavia Campos de la Cruz (60 años) y María Ávila (62), dos de las siete mujeres que fueron secuestradas, vejadas y humilladas, por 12 días, por un grupo de miembros de rondas campesinas del distrito de Chilia, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.
Bajo el pretexto de haber sido señaladas como “brujas”, mujeres a quienes se sindicó de practicar la hechicería, decenas de ronderos castigaron -con la interpretación de su ley- a estas mujeres que hoy se encuentran forzadamente fugadas de su tierra natal, alejadas de sus chacras, de sus gallinitas, sus cuyes, sus cerditos y las pocas cosas que tenían en sus precarias viviendas.
“Ellos (los ronderos) me amenazaban diciendo que no vaya a contar a la prensa, porque me buscarán y ya sabré lo que me va pasar. ‘Te vamos a quemar viva en la plaza pública, ahí no te pondrán sacar (salvar) tu familia ni nadie’, me decían. Por eso yo temo. Vendrán y me buscarán, me pegarán, me quemarán…”, agrega Octavia con la voz temblorosa y la mirada al vacío.
LOS 12 DÍAS DE PESADILLA
De acuerdo al informe policial ampliatorio nro. 11-22-III MACROREGPOL-LL/DIVPOL HCO/CR.PNP CHILIA-SIDF, suscrito y firmado por el teniente PNP, Luis Gabriel Castro Chuchón, encargado de la comisaría de Chilia; el 29 de junio llegó a la dependencia policial Yanira Melisa Otiniano Aranda (23) y Elbita de la Cruz Campos (38), hijas de Florencia Aranda Vela (44) y Octavia Campos de la Cruz (60), respectivamente.
Ambas fueron reportadas como secuestradas por grupos de las rondas campesinas de ese distrito. “Mi mamá estaba en el campo dando de comer a sus animales”, relata Yanira Otiniano. Elbita de la Cruz contó que su progenitora se encontraba dentro de su vivienda.
Con voces altisonantes, los hombres ataviados de ‘chicotes’ (látigos), acusaron a Florencia y Octavia de ser responsables de la muerte de un morador, por causa de la hechicería que supuestamente ellas practican.
En el informe policial se precisa que fueron los miembros de la ronda campesina del caserío de Taullish, acompañados “de su presidente de nombre Javier Domínguez Otiniano”, los que se llevaron a Florencia Aranda Vela. Mientras que el secuestro a Octavia Campos fue orquestado por las rondas del caserío Carhuacocha. Dentro de ese grupo, indicaron las denunciantes, identificaron a Demecio Morales Arellano, Augusto Domínguez Cadillo, Félix Inga Otiniano y Javier Domínguez Otiniano.
LA BÚSQUEDA INFRUCTUOSA
Hasta ese momento solo se había reportado sobre la desaparición de las dos mujeres. El acta policial remarca que dieron cuenta de la fiscal de turno, Judith Sánchez Campos, de la Fiscalía de Tayabamba (Pataz), quien ordenó que «se recabe las denuncias y se instruyan las declaraciones respectivas del caso”. Los pocos efectivos policiales se movilizaron hasta los caseríos a donde llevaron a las dos secuestradas, pero sus intentos por dar con el paradero de las víctimas fueron en vano.
“Al llegar al lugar ‘ronderos’ y ‘ronderas’ no permitieron el ingreso ni ver a las agraviadas, indicando que ellos aplican su justicia. No se pudo identificar a los participantes por la gran multitud de personas”, se lee, a la letra, en el documento policial.
NO ERAN 2, FUERON 8 MUJERES Y UN VARÓN
Siete días después, el 6 de julio, la noticia difundida a nivel regional y nacional daba cuenta que no solo eran dos mujeres, sino, siete más un varón: María Juana Campos Santisteban (62), Rosa Rojas Paz (70), Antolina Torres Espinoza (79), Alfonso Campos Paz (43), Erminia Ortega López (59) e Irene De La Cruz Castillo (65), son las otras seis personas que fueron sometidas por las rondas campesinas.
Quedaba claro que la labor fiscal y policial era estéril. Fue recién el mismo 6 de julio que la Policía tomó conocimiento de la disposición fiscal nro. 01-2022 por el presunto delito contra la libertad en la modalidad de secuestro, pero solo en agravio de Aranda Vela y Campos de la Cruz, y no sobre las otras cinco mujeres y el varón, privados de su libertad.
El representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero Lovatón, en declaraciones a Con Memoria Periodistas cuestionó que, hasta entonces, haya pasado una semana para tomar acciones decididas y rescatar a las víctimas. Lo más sorprendente es que durante esos días aciagos, la Tercera Macro Región Policial de La Libertad no contaba con un general PNP en funciones. El mando policial Augusto Javier Ríos Tiravanti asumió días después.
“General PNP no hay, no está en La Libertad. Estos casos realmente se coordinan con un general, nos hemos dirigido al jefe policial de turno, un coronel, pero no fue suficiente”, sostuvo Agüero Lovatón, dos días después que liberaron a las mujeres en cautiverio.
LAS AZOTARON Y COLGARON DE VIGAS DE MADERA
Escalofriantes fueron las imágenes que empezaron a difundirse por el WhatsApp y diversos medios de comunicación. A varias de estas mujeres, señaladas como supuestas hechiceras, las azotaron en diversas partes del cuerpo y las colgaban, como animales en mataderos, de vigas de madera. La tortura ejercida contra las féminas era aterradora a vista y paciencia de decenas de ronderos.
Al respecto, Pablo Haro, presidente de la Central Regional de Rondas Campesinas de La Libertad, condenó estos actos cometidos por un grupo de ronderos. “La forma como sancionan las rondas es a través del ejercicio físico, el (uso del) látigo cuando es necesario, y la cadena ronderil que es el traslado de comunidad a comunidad. Pero de ninguna manera como se ve en las imágenes (en los videos), donde se aprecia cómo desnudan a una mujer, exponiendo sus partes (íntimas). Esto hemos rechazado todos los presidentes provinciales de las rondas de la región. Condenamos estas actitudes. No debe malograrse la imagen de las rondas campesinas. Que esas personas afronten su responsabilidad”, indicó.
LA CADENA RONDERIL
Dieciocho policías, agrupados de diversas comisarías de los sectores de Chagual, Llacuabamba, Retamas y Vijus, de la provincia de Pataz, emprendieron la búsqueda de las ocho personas detenidas por las rondas campesinas.
Llegaron hasta el anexo de Carhuacocha en compañía del fiscal Enrique Humberto Valverde Cabrera. Abordaron al presidente de la ronda campesina del referido anexo, pero, este les mencionó que los aprehendidos estaban cumpliendo la denominada “cadena ronderil”.
De acuerdo a un artículo publicado en la revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), titulado “El nuevo código procesal penal peruano y las rondas campesinas: escenarios de conflictividad y de coordinación”, escrito por J. Fernando Bazán Cerdán, se indica:
“La cadena ronderil es una costumbre muy extendida en Cajamarca que implica someter a una persona ‘investigada’ o ‘culpable’ a la actividad de patrullar, durante varias noches, obligándola a desplazarse por varios lugares, con diferentes turnos de ronderos, para que así todos (los miembros de los centros poblados o caseríos) lo conozcan y se vaya generando en él un escarmiento”.
Las ocho víctimas tuvieron que someterse a la cadena ronderil en 54 anexos y durante las 24 horas del día, según se informó. La intención de la Fiscalía por conocer el estado de salud de los buscados no fue posible, el mutis era generalizado, no había forma de conocer la real magnitud de los hechos.
“LA SOGA DE CERDA NO LES DEJA CONVERTIRSE”
Sorprendentemente, el presidente de las Rondas Campesinas de Chilia (Pataz), Manuel Espíritu Quijano Muñoz, reforzó la teoría de que las mujeres secuestradas practicaban la hechicería y que, inclusive, se podían hasta “convertir” en aves.
Una periodista de Willax TV, durante un reportaje, preguntó a Quijano que si las víctimas de convertían en águila ¿por qué no se fueron volando? Él respondió: “Eso es lo que no sé, porque cada una (de las mujeres detenidas), cuando yo llegué a la reunión, cada una estaba amarrada a la cintura con una soga de cerda. La soga de cerda es la que no les deja que se puedan convertir o irse”.
Quijano Muñoz tuvo un cargo político de elección popular. Entre los años 2015 y 2018 fue consejero regional de La Libertad. Ahora postula para la alcaldía distrital de Chilia por la agrupación política Súmate. Lejos de reconocer los excesos cometidos por los miembros de las rondas campesinas, afirma que no hubo abusos contra las mujeres señaladas de hechiceras. “No hubo secuestro”, sentenció.
LIBERADAS Y MALTRATADAS
El 11 de julio, doce días después, las siete mujeres y el varón fueron liberados por las rondas campesinas. Algunas de ellas acabaron con graves heridas y hematomas sobre el cuerpo, además con claros signos de afectación sicológica.
“Octavia (Campos) presenta múltiples equimosis (hematomas) tanto en ambas extremidades superiores, como en la parte del tercio proximal. Asimismo, aumento de volumen o edemas en esas zonas. Laceraciones en la espalda. En la parte funcional presenta mucho dolor al hacer movimientos de ambos hombros, se le hizo una ecografía donde se pudo evidenciar que hay una lesión tipo desgarro en las manos”, relata el médico César Fernández Sánchez, director de Hospital Regional Docente de Trujillo, quien la atendió.
Al cierre de este informe periodístico, no se ha dado a conocer sobre la captura de algunos responsables de estos actos registrados en videos y fotografías. Agüero Lovatón, jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, solo pudo adelantar que algunos ronderos involucrados en los hechos han sido identificados. “El Ministerio Público ya tiene una lista de nombres en el que se incluyen líderes (de las rondas campesinas) de esa zona”, argumentó. El propio subprefecto del distrito de Chilia, según Agüero, está implicado.
CASO LA CANTUTA
Con hechos similares, pero con consecuencias distintas, este caso sobre el sometimiento a mujeres acusadas por las rondas campesinas como hechiceras, por tratarse de acciones que configurarían un serio atentado a los derechos humanos, nos remonta al caso Barrios Altos vs. Perú, abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Las sentencias de dicha suprema corte internacional, emitidas el 14 de marzo (Fondo), el 3 de septiembre (Interpretación de la Sentencia de Fondo) y el 30 de noviembre (Reparaciones y Costas), del año 2021; dan cuenta sobre los escabrosos episodios suscitados el año 1991, durante el gobierno del expresidente de la república de Perú, Alberto Fujmori Fujimori.
Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión “por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y se calificaron dichos delitos como ‘crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal”; tal como se indica en la resolución de la Corte IDH, del 30 de marzo de 2022, donde se expone el Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta vs. Perú, respecto a la “solicitud de medidas provisionales”.
¿Qué pasará con los miembros de estas rondas campesinas? Solo la justicia peruana tiene la palabra.