Algunos consideran que la aprobación del Parlamento es un retroceso, toda vez que esto permitiría que pequeños mineros y mineros artesanales que todavía no concluyen su proceso de formalización sigan operando sin ser sancionados.
Y es que la realidad ha mostrado que bajo la denominación de “minero formal en trámite” contaminan ríos, dañan zonas intangibles y tienen acceso a explosivos.
No obstante, lo más grave es que está decisión sostendría por un tiempo más un sistema que permite el avance de la minería ilegal. Una actividad que en los últimos años ha generado una escalada de violencia y muerte, cuyas evidencias han quedado registradas en la provincia de Pataz.
CIFRAS
De acuerdo con la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), ente rector del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en la región La Libertad hay 2,930 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los cuales 2,303 están vigentes y 617 están en condición de suspendidos.
Es precisamente este último grupo el que tendría que aprovechar esta ampliación para culminar sus trámites de formalización y evitar ser sancionado.
Santos Quispe Alvarado, presidente de la Central de Rondas Campesinas de Pataz, y persona relacionada con mineros artesanales, calificó la decisión de ampliar el Reinfo como un “engaña muchachos”.
“Nos están engañando, porque pasará el año y seguiremos con el mismo problema, debido a que las grandes empresas mineras no entregan el contrato de cesión o autorización para operar en el terreno que tienen concesionado y ese es un requisito para que el minero artesanal se inscriba en el Reinfo. Lo que quieren es desaparecer a los mineros artesanales”, manifestó.
En ese sentido, advirtió que esto desatará “un conflicto que terminará en violencia”, pues evalúan acatar un paro. Otro detalle es que los jóvenes que cumplen 18 años en 2026 no podrán trabajar como mineros artesanales porque ya estará cerrado el Reinfo.
VIOLENCIA
Para el consejero regional por Trujillo, Robert De La Cruz, el Ejecutivo y el Congreso de la República son los responsables de la agudización de la violencia que golpea a Pataz, debido a la minería ilegal, las extorsiones y el avance del crimen organizado.
“Ampliar el Reinfo es una muestra clara de que el Legislativo está actuando a contracorriente de la seguridad nacional. El Congreso es cómplice de la situación en Pataz”, indicó a Causa Justa.