Gestión de Martín Namay contrata a empresa de víveres utilizando una cotización trucha

Escribe: Gonzalo Haro

La empresa Representaciones Príncipe, cuya actividad económica secundaria (de acuerdo a la Sunat) es la venta de alimentos, figuró en un expediente de contratación de la municipalidad de La Esperanza, en Trujillo, para la compra de arroz, lentejita serrana y fideos. Representaciones Príncipe participó en un estudio de mercado enviando, junto a otros dos proveedores de alimentos, una cotización, para que luego de ello el municipio elija la oferta económica más conveniente. Sin embargo, Representaciones Príncipe presentó la más cara, de 23 045 soles, y, por lo tanto, no ganó el contrato. El gran detalle es que su gerente, Luis Vergara Príncipe, nunca se enteró de absolutamente nada.

«(Vergara) indicó que nunca ha realizado ni visto la cotización, dejó constancia de no haberla emitido o firmado y que no ha tenido trato con la municipalidad», escribió un auditor de la Contraloría, tras entrevistar a Vergara una semana después, en una acta de inspección.

CÓMO SE DESCUBRIÓ TODO

En los primeros días de octubre, 5000 dólares le donó la Embajada de Taiwán al municipio de La Esperanza para la compra y la repartición de víveres en 30 ollas comunes, de acuerdo a una nota de prensa oficial. «De forma inmediata se compró 90 sacos de arroz, una buena cantidad fideos, que son los insumos más primordiales», anunció su alcalde, Martín Namay.

Pero dos semanas después, la presidente de la olla común «Fe y Esperanza», Emma Carrán, advirtió un incidente que, a estas alturas, ya se ha normalizado en los programas municipales de alimentación. Según Carrán, el arroz tenía un olor rancio, un sabor a plástico y había tres sacos de este alimento con gorgojos.

Un congresista de Avanza País, Juan Burgos, hizo suya la denuncia días después y agregó que hasta pedirá «la intervención» de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, a cargo del fujimorista Alejandro Aguinaga.

En medio de estas declaraciones, y ante la casi nula exposición mediática, Martín Namay intentó zanjar el asunto insinuando que Carrán y los denunciantes solo intentaban manchar su imagen y que todo obedecía a un trasfondo político. Pero los protagonistas no contaban con el hecho de que la Contraloría preparaba un informe técnico, signado con el N.° 20413-2021-CG/SEDEN-SOO y culminado el 12 de noviembre.

¿LAS LEYES? LO DE MENOS

Los auditores de Contraloría concluyeron que la gestión de Namay pasó por alto varias reglas. Para empezar, que el arroz no era arroz sino un subproducto del arroz. ¿Por qué? Porque así lo señala una ficha técnica de Perú Compras (organismo del Ministerio de Economía), vigente desde el 12 de mayo de este año: «El arroz despuntado y la lenteja serrana no se encuentran en ninguna de las fichas estandarizadas, no siendo posible determinar sus características (y, por ende, su calidad)», explica el informe.

Y el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce) ordena, precisamente, que «la contratación de bienes cuya cuantía sea igual o inferior a 35 000 soles debe ser realizada empleando las fichas técnicas aprobadas por Perú Compras». El contrato que se celebró fue por 19 844 soles.

Los sacos de arroz que revisó Contraloría tampoco tenían registro sanitario, mientras los de lenteja carecían de las más mínima información. «No presentan el nombre del producto, productor, fecha de vencimiento, marca, entre otros», precisan.

Y añaden: «Estas situaciones fueron verificadas en presencia de la gerente de Desarrollo Social de la municipalidad de La Esperanza, quien firmó el acta de inspección».

¿De qué más hizo oídos sordos la gestión de Namay? De la misma reglamentación de seguridad alimentaria, conocida desde hace 13 años, cuando se promulgó el Decreto Legislativo 1062, durante el gobierno de Alan García. La premisa desde el derecho público sobre este tema es vieja: «Si un alimento contaminado pertenece a un lote o a una remesa de alimentos de la misma clase, se presume que todos los alimentos contenidos en ese lote están contaminados».

Pero Namay, hombre vinculado a la función pública desde hace más de 10 años, minimizó el caso y lo calificó de «exagerado» el pasado 20 de octubre, durante una sesión de Concejo Distrital, tras decir que los gorgojos solo fueron encontrados en tres bolsas (que, en realidad, es una muestra más que suficiente para que la Contraloría o cualquier autoridad sanitaria del país desautorice su entrega).

«ESA FIRMA ES MUY DIFERENTE A LA MÍA»

Luis Vergara, el gerente de Representaciones Príncipe, ratificó todos sus dichos a Con Memoria y nos mostró su firma original, comparándola con la bamba. «Es muy diferente a la mía», nos declaró, al igual que al auditor de la Contraloría que lo entrevistó hace un mes.

Su falsa cotización de 23 045 soles, que contemplaba 90 sacos de arroz, 30 de lenteja y 53 bolsas de fideo (tal y como solicitaba el municipio) fue descartada -al igual que la de otra empresa- al compararla con la que presentó Innovaciones M & P, de la proveedora Virginia Paredes Pollongo, de 19 844 soles.

De acuerdo a la norma, por ser un contrato menor a los 35 000 soles, esto solo se sometió a la decisión de la encargada municipal de las cotizaciones, Nancy Florián, y del subgerente de Abastecimiento, Alejandro Centurión; no pasó por el despacho de alcaldía.

La otra empresa, Tiendas DEL E.I.R.L., presentó una cotización de 19 901 soles, siendo mínimamente superior al de la ganadora. El gerente de esa empresa, Luis Carbajal Cenas, le dijo el mes pasado a la Contraloría que «esa cotización no corresponde a la enviada» y que iba «a consultar a su personal para identificar si enviaron una nueva versión».

Carbajal nos dijo, sin embargo, que esa cotización sí correspondía a la finalmente enviada y que solo tuvo «un reajuste» en la cantidad de bolsas de fideo.

Pero, mientras tanto, el caso de Luis Vergara se agrava más a medida que repasamos los detalles. «Ni el logo es de la empresa», nos dice. Además, al número telefónico que aparece en su supuesta cotización le cambiaron el último dígito. La propia Contraloría y el autor de esta nota lo corroboraron al acudir al domicilio de Vergara y recibir una llamada telefónica de él mismo, pero desde un número parecido. El número que consta en la cotización, según la grabadora de voz de la empresa Claro, es sencillamente incorrecto.

Detrás de esta falsificación, según fuentes municipales en La Esperanza (con identidad reservada), está una proveedora llamada Nancy Rubio Guerra, quien no participó en el proceso de contratación ni es funcionaria, pero que tuvo acceso a la cuenta de Sunat de la empresa de Luis Vergara hasta hace poco, pues trabajó con él hace muchos años. Sin embargo, ahora es una asidua proveedora de la comuna esperancina, con nada menos que 59 contratos en su haber, según el buscador oficial de Proveedores del Estado. Encima ella misma trasladó los alimentos que proveyó la empresa ganadora Innovaciones M & P. ¿Pero cómo? «Yo trabajo con la señora Maricielo Paredes (gerente de Innovaciones M & P); yo la fui a apoyar para dejar unos fideos», nos cuenta, tras contactarnos telefónicamente con ella.

La misma Contraloría, durante su investigación, cayó en la cuenta de que la encargada de Almacén, Rebeca Verde Cenas (la misma que participó en el caso Bloqueadores, por lo que sentenciaron judicialmente al exalcalde Daniel Marcelo), permitió la entrada del vehículo de Rubio y -para colmo- sin respetar la capacidad de carga adecuada.

«Ese tema (de las cotizaciones) no lo sé, yo no lo he visto, yo me encargué del traslado. Me imagino que habrán ido a verlos a los señores que han cotizado y no sé. La Contraloría, la verdad, lo primero que ve o encuentra, lo cree; a veces no es así; a mí no me han llamado», se defiende Rubio. Creerle o no será materia de otro proceso.

Hasta ayer por la noche, la encargada de las cotizaciones, Nancy Florián (quien aceptó y firmó todos los papeles), no contestó a nuestras llamadas ni a nuestros mensajes por Whatsapp. Su única respuesta se escuchó hace un mes, en la sesión de Concejo Distrital en la que Namay, mediante un espaldarazo a sus funcionarios, zanjó el asunto de la compra y la repartición de víveres.

«He realizado todos los procedimientos; se tiene que cumplir con la Ley de Contrataciones», repetía Florián.

LA HERENCIA DE MARCELO

Según la Contraloría General, toda esta trama de tratativas sospechosas no hubiera pasado si no existiera la directiva N.° 001-2016-MDE-SGLSG, norma que regula la contratación de bienes y servicios menores a los 35 000 soles, como el de este caso.

¿Y qué regula (u omite) esta norma, puesta en marcha en el 2016 por el exalcalde Daniel Marcelo? «En ningún extremo de la citada directiva se consigna, de manera explícita, información relacionada a los requisitos exigidos a los proveedores como la experiencia en el rubro, habilitación, capacidad técnica o profesional (…) Esto podría originar que la municipalidad de La Esperanza contrate proveedores que no evidencian experiencia, no se dediquen a las actividades materia de contratación o tercericen», sentencia el informe.

¡Una completa leguleyada! La ganadora del contrato de 19 844 soles, Virginia Paredes Pollongo, terminó admitiendo a la Contraloría que tercerizó todo su servicio, dios sabe con quién, pues alegó a través de un correo electrónico que «trabaja de la mano de otros proveedores». Para colmo de males, en el domicilio de la empresa no la conocían, según actas de inspección de los mismos auditores.

Virginia Paredes se limitó a decirnos, por teléfono, que «tiene que leer el informe final primero; verlo con mi abogado».

Hasta el cierre de esta edición, el alcalde Martín Namay no contestó a nuestras llamadas. Desde su despacho de Imagen Institucional, tampoco.

Nuestras preguntas, muy concretas, son dos: ¿Cambiará la directiva N.° 001-2016, firmada por Marcelo? ¿Seguirá respaldando a sus funcionarios involucrados?

La Contraloría le dio plazo a su gestión hasta el 29 de noviembre para trabajar en un «Plan de Acción». Después, tres meses empezarán a descontarse para la «etapa de implementación». ¿Se hará algo?