Ante los cuestionamientos que recibieron 21 congresistas que, residiendo en Lima o Callao, accedieron al pago por concepto de instalación (un bono que, en la práctica, busca favorecer a los legisladores que no están establecidos en la capital), la congresista Patricia Juárez dijo que se trataba de «un tema absolutamente legal y legítimo».
«Nosotros, especialmente quien le habla, respondemos absolutamente con nuestro trabajo respecto a cada centavo que el congreso de la república nos pague», declaró en entrevista para Canal N.
Junto a Juárez, integran el grupo de los beneficiados congresistas de todas las bancadas, excepto el Partido Morado y Acción Popular. En total, el monto de estos bonos asciende a S/ 327 600.
¿UN VACÍO LEGAL?
El secretario general de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró que se trata de una «subvención ciega».
«Lo lógico sería fijar un tope a la subvención y obligar a una rendición documentada posterior», señaló. También sugirió que la mesa directiva del congreso puede revisar las condiciones en que se otorga este pago.
El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, dijo que dicho cobro debería estar normado. «Se debería especificar si se justifica o no que los congresistas de Lima o el Callao pueden tener derecho al bono de instalación, o solo los de provincia», señaló.
Curiosamente, la misma Juárez también propuso que «si hay cuestionamientos, el consejo directivo [del congreso] debería de evaluarlo hacia el futuro, y señalar realmente si es que existiera imposibilidad de que pueda recibirse».