Por: Gonzalo Haro
Desde el año pasado, el Colegio de Abogados de La Libertad exige declarar inconstitucional una norma del 2012, lo cual desfavorece a la Sunat al no permitirle cobrar ciertas deudas tributarias. Conozca de qué trata el caso y a sus protagonistas. Este 22 de septiembre el Tribunal Constitucional tendría la última palabra.
MARTHA BRINGAS Y LOS INTERESADOS
Evitar el cobro de 11 mil millones de soles de impuestos a un grupo de empresas se ha puesto en debate en el Tribunal Constitucional (TC) gracias al Colegio de Abogados de La Libertad, que presentó una demanda en febrero del 2019 y hoy solo espera el veredicto.
Solo los colegios profesionales, junto a otras pocas instituciones, pueden presentar demandas constitucionales.
La pregunta es: ¿el Colegio de Abogados de La Libertad quiere realmente comprarse el pleito con la Sunat en defensa de la seguridad jurídica del país, tal y como alegan los impulsores de la medida?
OjoPúblico, en enero de este año, advirtió que José Carlos Gálvez Rosasco, socio de la firma Gálvez & Dolorier —uno de los bufetes de abogados más grandes del país y que patrocina, por ejemplo, a Teléfonica en sus más de 20 litigios contra la Sunat o a Backus y Jhonston en materia laboral— fue designado como representante del Colegio ante el TC junto a otra socia de la firma y a la abogada Martha Bringas Gómez, muy reconocida entre colegas y medios de comunicación de Trujillo.
Gálvez reconoció a Ojo Público que “fue él quien les llevó la idea, aunque dice que fue de forma casual”, pues coincidió una vez con la abogada Bringas en Trujillo y ella le mencionó que “tenía mucha cercanía con el Colegio de Abogados de la Libertad” y que podía plantearle al decano ejercer alguna medida.
Bringas también es mencionada en la memoria anual del Colegio como la responsable del proyecto.
EXPLICACIÓN EN 4 CLAVES: COLEGIO DE ABOGADOS VS. SUNAT
¿Pero qué demandan exactamente? ¿Cómo se generó y a quién compromete? Aquí un relato cronológico:
Hace diez años, el plazo de vencimiento de una deuda por impuestos empezaba el primer día del año siguiente y terminaba en 4 años. En ese tiempo, la Sunat tenía dos tareas: fiscalizar, precisando el monto de la deuda, y cobrar. Pero, en 2012, se ordenó que la prescripción de las deudas inicie recién cuando la Sunat sepa la cifra exacta de esas deudas, no antes. Era lógico: ¿cómo la Sunat iba a cobrar algo que no había determinado?
Pero, tras el cambio, varias empresas reclamaron al Tribunal Fiscal (del MEF) que, en sus casos, no iban a adaptarse a los nuevos plazos porque el vencimiento de sus deudas ya estaba corriendo cuando se publicó la nueva ley. El Tribunal Fiscal les dio la razón: la norma no podía ser retroactiva.
En el 2018, el Gobierno contradijo al Tribunal Fiscal con un decreto que reafirmaba la normativa del 2012, señalando que aquellas empresas que reclamaron tenían que adaptarse, dilatando sus plazos de vencimiento de deuda. La demanda constitucional es contra este decreto.
Lo que arguye el Colegio es que no puede haber una norma retroactiva que “resucite” plazos de prescripción, cuando estos ya habían iniciado. Pero la Sunat replica de dos formas: no se puede cobrar algo que no se ha determinado y, por otro lado, el plazo sí puede cambiarse porque más importa la obligación del deudor.
La Sunat indica que son 233 empresas comprometidas en el problema (sin revelar nombres) y que solo 22 de ellas se juegan 9 400 millones de soles, el 85% de lo que está en riesgo de perderse.
¿UTILIZARON AL COLEGIO?
El exdecano Manuel Montoya dice que sí hubo un acuerdo de su junta directiva antes de tomar la decisión y que, sobre los gastos, “solamente recuerdo que fueron los pasajes”.
—¿Y los servicios del estudio de abogados?
No. Nosotros solo hemos formulado la demanda con la Dra. Martha Bringas en el TC.
—Pero en una de las audiencias de noviembre sustentó una abogada del estudio Gálvez & Dolorier.
Mi gestión fue hasta cuando se admitió. Lo que pasó más adelante desconozco. En mi gestión se presenta y se admite la demanda: solo vio los gastos que promovieron la demanda.
Respecto al porqué no se convocó a un debate jurídico entre agremiados, Montoya responde que “no es necesario, aquí era lo que exactamente la especialista de derecho tributario nos informó”.
BRINGAS: INUBICABLE
Martha Bringas, cuyo nombre y declaración aparecen en algunas notas de prensa sobre la demanda, es ahora gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Trujillo, es decir, funcionaria de confianza de José Ruiz.
Visitamos el despacho de Bringas ayer por la tarde, pero nos dijeron que estaba ocupada. Tampoco respondió a nuestras llamadas y mensajes.
POSDATA
Martha Bringas nos respondió un día después y una de sus acusaciones fue que dimos por absolutamente cierta la información del portal Ojo Público, sin contrastar nada, hecho que es falso, pues sí lo hicimos con todos los datos. Aquí dejamos la evidencia.