El alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, otra vez fue protagonista de un hecho bochornoso, esta vez, por vertir una frase ofensiva contra una magistrada de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL).
«Ya que una jueza me ha mandado una terapia (…). Un aplauso para la jueza Mechita Zambrano, que me ha mandado a una terapia. De repente la señora está por su Zam…brano». Fue la frase del burgomaestre dada durante un evento público.
Sucede que la titular del Sexto Juzgado de Familia de la CSJLL, Mercedes Vásquez Zambrano, emitió una resolución ordenando que Fernández Bazán se someta a un tratamiento terapéutico, ello, en mérito a la denuncia por violencia psicológica realizada por una joven mujer contra la autoridad edil.

«El denunciado César Arturo Fernández Bazán deberá seguir tratamiento terapéutico, a cargo del Centro de Salud Mental Comunitaria MaeichMuchik, ubicado en el sector El Paraíso-Moche (horario de atención de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche), en el plazo de tres días, bajo apercibimiento que, en caso de inconcurrencia, será denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad”, se lee, a la letra, en la resolución.
LA CORTE SE PRONUNCIA
Tras la frase vertida por el alcalde de Trujillo, desde la corte liberteña se emitió un comunicado rechazando las expresiones de Arturo Fernández.

«Expresamos nuestro completo rechazo tras considerarse una agresión abierta a la dignidad de una jueza mujer y un ataque a la autoridad que representa, por lo cual emplazamos (al) señor alcalde, el respeto a las decisiones judiciales, y si no está de acuerdo con ellas, haga valer su derecho al recurso conforme a la ley y a la Constitución», se lee en la primera parte del comunicado.
La misiva, firmada por el presidente de la CSJLL, Víctor Burgos Mariños, remarca el «respaldo institucional al desempeño de la jueza Mercedes Vásquez Zambrano».
Según explicó el abogado penalista y exfiscal, Alfredo Galindo Peralta, la declaración de Arturo Fernández podría ser tomada como una «injuria o difamación encubierta», por lo que podría abrirse una nueva denuncia contra el burgomaestre.
