Redacción Con Memoria Periodistas
Desde el palco del Estadio Nacional, cuya reserva puede costar 990 soles -más que un sueldo mínimo-, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, y su familia disfrutaron el pasado 29 de marzo de los goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún frente a la selección paraguaya de fútbol, los mismos que sellaron el casi definitivo pase de Perú al Mundial Qatar 2022.
El conflicto aquí hallado no fue el simple disfrute en familia, sino que solo Alva y los suyos, al mismo tiempo que otros altos funcionarios del Estado, lo hicieron completamente gratis: sin pagar ni un solo sol, de espaldas a la población que sí lo hizo mediante la plataforma de compra de entradas ‘Joinnus’, de acuerdo a una investigación del programa Punto Final.
Así como Alva, fueron favorecidos con entradas de cortesía la congresista fujimorista Rosangella Barbarán; la vicepresidenta del Congreso y parlamentaria de Alianza para el Progreso, Lady Camones; así como la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, a su vez vicepresidenta de la República.
El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Rubén Trujillo Mejía, admitió que la repartija de entradas se ejecutó desde su despacho. Llamándolas «entradas institucionales», Trujillo respondió, ante la pregunta de cómo las distribuyen, que «con cargo a que la opinión pública me destroce por eso, a mi libre albedrío».
Punto final se comunicó con los congresistas Edward Málaga, del Partido Morado; Alejandro Cavero, de Avanza País; y Carlos Anderson, el único no agrupado, para consultarles si conocían sobre estas entradas entregadas por el IPD. Su respuesta fue negativa.
Para abogados como Iván Lanegra, secretario General de la Asociación Civil Transparencia, el IPD, al ser una entidad pública, «sus bienes y servicios se rigen por las reglas de la administración pública; en particular si se entregan a título gratuito».
«El uso arbitrario, sin criterios, es ya un problema», aseveró Lanegra.
IPD: «HAY UNA EXTRAÑA OMISIÓN DE INFORMACIÓN»
Horas después de la publicación del reportaje televisivo, el IPD volvió a pronunciarse, aunque esta vez desde su cuenta oficial de Twitter y en un tono más severo, lamentando la «omisión y sesgo de información».
¿Qué información? Según la institución deportiva, «el reportaje no señala, a pesar de que se explicó y se hizo de público conocimiento, que la mayor cantidad de entradas de cortesía fueron destinadas a instituciones beneficias como el INABIF, puericultorio Pérez Aranibar, entre otras».
«No se pudo concretar la inclusión de algunas más, como la primera línea de ESSALUD y CONADIS, por motivos que también se detallaron al sr. Acosta durante la entrevista», añadieron, entre otros hechos.
«Lamentamos el accionar del sr. Christopher Acosta por la extraña omisión de la información entregada, por razones que desconocemos», sentenciaron desde el IPD, desde donde resaltaron la idea de que «no existe correlación entre dichas entradas (de cortesía) y el público en general, puesto que su naturaleza es ser obsequio para invitados, como su nombre lo indica y figura de ese modo en el contrato de arrendamiento (con la Federación Peruana de Fútbol)».
¿TRAERÁ COLA?
Tras ello, ni el periodista Christopher Acosta ni la Federación Peruana de Fútbol (FPF) responden, hasta el momento.
¿Qué tendrá que decir la FPF, organizador del evento deportivo? Si, tal y como arguyen desde el IPD, el contrato de arrendamiento los ata de manos en cuanto a la distribución de las famosas «entradas de cortesía», ¿los salva de toda culpa? ¿O debería pesar más el criterio de abogados como Iván Lanegra o lo que dictan los códigos de ética?