Un pedido de 10 años con 6 meses de cárcel efectiva afronta, por uno de los tres casos en su contra, el congresista Jorge Flores Ancachi, de las filas de Acción Popular, quien hace pocos días fue detenido (luego liberado) por reo contumaz.
El parlamentario es acusado por el Ministerio Público, junto a el exgobernador regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán y otros exfuncionarios del referido gobierno que laboraron entre el 2007 y 2010, por el delito de peculado doloso. A Flores Ancachi se le imputa haber cobrado, ilegalmente, la suma de S/ 15 597 provenientes del sueldo de 14 «trabajadores fantasmas».
La tesis fiscal señala que Flores Ancachi, aquella vez, se desempeñaba como supervisor de la obra “Fortalecimiento del desarrollo educativo de la Institución Educativa Industrial 32-Puno”. Se indica que por dicha obra se había contratado a trabajadores, pero en la planilla de pagos aparecieron nombres que no coincidían con los designados para tales trabajos.
En mérito al referido caso, tanto el legislador como y los extrabajadores del Gobierno Regional de Puno, Edwin Holguín Flores, Pedro Cornejo Gallegos y Tomás Tapia Catacora, fueron declarados reos contumaces, por lo que tuvieron que ser conducidos al Poder Judicial de manera compulsiva el pasado al no haberse presentado a la audiencia de instalación de inicio del juicio oral, el 9 de junio último.
Tras ese episodio, Flores Ancachi quedó notificado para presentarse el próximo 21 de julio, nueva fecha dispuesta por la jueza Shirlay Flores Menéndez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Puno, para el inicio del juicio oral.
LOS OTROS DOS CASOS
La otra investigación contra Flores Ancachi, que está en la etapa preparatoria formalizada en febrero del 2022 por el Ministerio Público, en Puno, es también por el presunto delito de peculado doloso, en este caso, en torno al proyecto “Fortalecimiento de desarrollo educativo de Institución Educativa Secundaria Industrial 32 – Puno”, también ejecutada por el Gobierno Regional de Puno.
El tercer caso es el ya conocido «Los Niños», por el cual la Fiscalía de la Nación, junto a sus colegas de bancada Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza y Darwin Espinoza Vargas; es sindicado de ser el “brazo político” de la presunta organización criminal que lideró el expresidente Pedro Castillo. La tesis fiscal los señala de haber beneficiado a sus allegados con contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional; y otras entidades del Estado, a cambio de favorecer con sus votos en el Pleno del Congreso.