Tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en torno a la muerte de 49 personas durante los meses de diciembre 2022 y enero 2023, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló que la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, respondió a las recomendaciones del organismo internacional enviando un total de 178 observaciones, mediante la cual desliza que la responsabilidad del fallecimiento de dichos ciudadanos no se generaron «por decisiones políticas autoritarias» y que se deberá «determinar las responsabilidades individuales» de las actuaciones del Ejército y de la Policía.
En otra parte del informe se señala que «en diciembre del 2022 y marzo del 2023, se aprobaron las reasignaciones de miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas en Ayacucho, Puno, Madre de Dios y Apurímac, disponiéndose su traslado a otras dependencias».
SE SELVA DE DENUNCIA CONSTITUCIONAL
Hoy por la tarde, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, declaró improcedente la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, iniciativa que fue presentada por la parlamentaria Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
La denuncia contra la presidenta precisamente estaba relacionada con las muertes de casi 50 personas durante las violentas protestas.