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El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, confirmó lo que Perú21 reveló semanas atrás. Sí existía un plan dentro del Ministerio del Interior para anular a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), la que mantiene en aprietos al entorno más cercano de la presidenta Dina Boluarte.
Zanabria informó que la Diviac pasará de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) a la Dirección de la Investigación Criminal (Dirincri).
Esto significa que la división de inteligencia ya no podrá investigar delitos de corrupción, como los seguidos contra Boluarte por el caso Rolex. Es decir, no apoyará más al equipo especial de la Fiscalía contra la corrupción del poder (Eficcop).
“Sí, esto fue aprobado, (la Diviac) pasa a ser parte de la Dirección de la Investigación Criminal como corresponde (…) Y con ello, evitamos los cuestionamientos al manejo de los gastos especiales de inteligencia”, declaró Zanabria a la prensa.
El general PNP señaló, además, que el plan para pasar la Diviac a la Dirincri fue trazado el año pasado durante la gestión del exministro Vicente Romero. Aunque Rubén Vargas aseguró lo contrario. (Ver entrevista Pág. 3).
Así, Zanabria intentó restar responsabilidad al actual titular del Interior Juan José Santiváñez.
Sin embargo, este diario reveló que el plan para tumbarse a la Diviac fue gestado por este último. La razón de esta arremetida se debe a la venganza de la mandataria por el allanamiento a su vivienda de Surquillo, el pasado 30 de marzo, para encontrar los costosos relojes Rolex que se negaba a mostrar.
Santiváñez, en tanto, indicó que se había informado por los medios de la propuesta contra la Diviac y que aun el alto mando policial no se la había expuesto.
Pero fue el ministro el que emprendió toda su artillería contra esa división, invocando a la Contraloría que audite sus actividades y pidiendo al Congreso que intervenga para investigar adquisiciones y contratos.
Para finiquitar el golpe a la Diviac es necesaria la modificación del Decreto Supremo N.° 026-2017-IN, que estipula la organización de la Policía y define las funciones de sus direcciones y divisiones.
Esa norma solo puede ser alterada con otro decreto supremo que debe firmar la jefa de Estado.