Por: César Azabache (La República)
Creo imposible negar el impacto que las fiscalías del caso Odebrecht han causado en el sistema legal. El equipo especial representa el punto de llegada de un proceso largo y complejo en el que las fiscalías penales han venido formando una imagen y una eticidad propias, diferenciadas de las judiciales y distintas de las que tenían en los 80. El proceso no es perfecto, como dejó en evidencia la reciente crisis en el equipo a cargo del caso de los llamados “cuellos blancos”, por citar un ejemplo; pero existe y no puede pasar desapercibido. Por alguna razón además ha sido más veloz entre fiscales que entre jueces de primera instancia. Quizás eso explique porqué antes de la pandemia las fiscalías del equipo especial obtuvieron del judicial casi todo lo que pidieron. Las fiscalías impusieron una forma de ver las cosas que impregnó al sistema judicial. El Tribunal Constitucional comenzó a cortar el proceso al anular las prisiones preventivas impuestas a Humala y a Heredia primero y a Keiko Fujimori después. Pero ahora, terminada la segunda cuarentena, el judicial ha comenzado a tomar cierta distancia de las fiscalías. Lo ha hecho con ocasión de dos pedidos sensibles, ambos desestimados este mes: la suspensión de Fuerza Popular y la prisión preventiva de Vizcarra.
Para mirar el proceso que parece comenzar es imprescindible dejar al margen toda preferencia personal. No se trata de insistir en que la señora Fujimori y su entorno aún deben explicar qué hicieron exactamente con casi 3 de los aproximadamente 9 millones de dólares o más que recolectaron en la campaña del 2011. Tampoco se trata de insistir en el significado y alcance de las revelaciones sobre la verdadera conducta de Vizcarra. Para ambas cosas habrá que esperar que estos casos lleguen a juicio, cosa que, hay que decirlo, parece aún lejana. Entender el proceso actual requiere mirar en otra dirección; hay que establecer qué significa que la judicatura le haya dicho “no” a la fiscalía en estos dos casos, que tienen por cierto signos políticos distintos.
En general no debería sorprendernos que el judicial desestime pedidos de la fiscalía, por más sensibles que sean. El sistema legal supone que las fiscalías y el judicial tiendan a pensar distinto. El equilibrio del sistema legal se construye en la continua diferenciación entre fiscalías y tribunales. Es la continua unanimidad, cuando se produce, la que debe llamar a sospecha. Y quizá antes de estas dos decisiones el sistema estuvo aproximándose demasiado a algo semejante a ella.
Es el pasado del que parece que salimos el que debía llamar a sospecha, no el presente que ahora se insinúa.
En las audiencias de esta semana la diferenciación entre la jueza Álvarez y el fiscal Juárez quedó en evidencia en un movimiento que encuentro particularmente ilustrativo. Hemos observado varias veces que las fiscalías tienden a sobrecargar sus pedidos de prisión preventiva, en texto y en palabra, con cuestiones relacionadas a la culpabilidad de la persona investigada, cuando deberían demostrar que realmente necesitan la prisión que solicitan. Esta semana, creo que haciéndose cargo de ese problema, la jueza Álvarez dividió la discusión en dos sesiones, dejando para la segunda la cuestión sobre la necesidad de la prisión. Este movimiento dejó descubierto que el fiscal Juárez tenía un set enorme de evidencias contra Vizcarra, pero no un caso que supere los estándares que el TC impuso en los casos Humala y Heredia y Fujimori para anticipar la prisión.
Lo que surge en la escena no es entonces un triunfo de Vizcarra. Es la imagen de un judicial que comienza a notar que un discurso propio sobre lo que debe hacerse y lo que no impregna de legitimidad su propio entorno institucional.
Más que un buen comienzo, sin duda.