Según cifras oficiales,12 984 mujeres, la mayoría niñas y adolescentes, fueron reportadas como desaparecidas en Perú en 2021, frente a las 11 828 reportadas en 2020. En el caso de La Libertad, solo entre enero y agosto de este año se reportó la desaparición de 300 mujeres, cifra que representa el 63% del total de personas desaparecidas en esa región. Y se repite el agravante: la mayoría son niñas y adolescentes.
En su informe Las mujeres que nos faltan. Recomendaciones al Estado para encontrarlas (2021), que coloca a Perú en una situación de real emergencia con respecto al problema de la desaparición de mujeres, Amnistía Internacional muestra cómo el machismo, la discriminación y la falta de información entre los operadores de justicia obstruyen los procesos de búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas y el acceso a la justicia.
El caso de Nelly Cerna Nolasco, joven madre desaparecida en 2017, en La Libertad, muestra los obstáculos que enfrentan las familias en los procesos de búsqueda. Desde que su familia viajó desde el distrito de Urpay a Trujillo a interponer la denuncia por desaparición, recibió negativas, así como comentarios discriminatorios y machistas que dilataron la activación de la Nota de Alerta a nivel nacional, perdiéndose tiempo valioso para su búsqueda. Los obstáculos persistieron en la fase de investigación policial y en la búsqueda de justicia. Nelly Cerna, desaparecida hace cinco años, es una de las miles de mujeres desaparecidas en Perú de quienes aún no se sabe nada, y cuyas familias, ante la desidia de las autoridades, asumen muchas veces, por cuenta propia, los procesos de búsqueda.
“Cuando una mujer desaparece, el Estado debe desplegar todos los recursos disponibles para buscarla, asumiendo que puede estar en riesgo de feminicidio, explotación o violencia sexual. Las cifras muestran que un 13% de feminicidios en Perú estuvo precedido por una denuncia por desaparición. Por ello, la denuncia debe ser aceptada de manera inmediata y las alertas de emergencia respectivas deben ser activadas. La indiferencia y negligencia de las autoridades puede costar vidas”, señaló Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.