En la víspera, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó los informes de califiación de las denuncias contra las parlamentarias Rosio Torres Salinas, Magaly Ruiz Rodríguez, Mary Acuña Peralta (las tres de Alianza Para el Progreso) y Katy Ugarte Mamani (no agrupada y exPerú Libre y exBloque Magisterial), tras haber sido señaladas de recortar el sueldo de sus trabajadores en el Parlamento.
Contra las cuatro pesa la presunta infracción constitucional (como altos funcionarios del Estado) de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Carta Magna y la comisión del delito de concusión, de acuerdo al artículo 382 del Código Penal.
En buen cristiano, esta decisión de los miembros de la SAC, por unanimidad, marca el inicio de una posible suspensión y/o desafuero de las congresistas en mención. Según explicó la presidenta de la SAC, Lady Camones Soriano, la aprobación de los informes de calificación pasan a la Comisión Permanente para que este grupo parlamentario otorgue 15 días de plazo a la SAC (que puede ser ampliado) para que investigue los casos y elabore un informe final, el mismo que luego de ello pasaría al Pleno para su votación final.
LAS OTRAS ACUSADAS
Vale recordar que ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inició la investigación y elaboración del informe final sobre los casos que involucran a las congresistas María Cordero Jon Tay (expulsada de Fuerza Popular) y Heidy Juárez Calle (Podemos Perú y exAPP), también acusadas por infracción constitucional y el presunto delito de concusión por el recorte de sueldos a sus extrabajadores.
El caso más llamativo es contra la parlamentaria Cordero Jon Tay, dado que hay una serie de audios en el que se le escucha exigir a uno de sus trabajadores hasta el 70 % de su remuneración mensual. “¡A ti ya te depositaron ya! ¡Vamos al cajero de una vez!”, se le oye decir a la congresista al empleado de su despacho, quien remarcó haber abonado a su exjefa entre S/ 4,500 y S/ 5,000 al mes durante el 2022.
El último lunes, la Comisión de Ética Parlamentaria, que preside la legisladora Karol Paredes Fonseca, decidió abrir investigación de oficio contra los congresistas José Alberto Arriola Tueros y Marleny Portero López (Acción Popular). Ambos son señalados de pedir colaboración a sus trabajadores para que lleven ayuda humanitaria y compren sillas de ruedas, respectivamente. No se descarta que estos dos nuevos casos también pasen por la SAC.