La sentencia fue por el delito de negociación incompatible tras probarse la sobrevaloración en el alquiler de 5 #BañosQuímicos (a S/ 78 000) y el favorecimiento ilegal al empresario que abasteció dichos productos, en complicidad con el exburgomaestre de Alianza Para El Progreso (APP) y su gente de confianza. El fiscal que acusó fue Roberto Lecaro Alvarado.

Marcelo Jacinto cumple dos años (730 días) huyendo de la justicia. Pese a que hay varias voces que indican haberlo visto subido en una camioneta y paseando por las calles de Trujillo, para la Policía Nacional sigue siendo invisible. ¿Hasta cuándo la impunidad?

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LAS HUELLAS DEL DELITO

El pasado 9 de febrero este medio -junto con diario Correo- publicó numerosas evidencias sobre trabajos de mantenimiento sin contrato en algunos parques de Trujillo, con las promesas -de parte del hijo y el sobrino del alcalde- de «regularizarlo» en la administración pública a cambio de jugosas coimas.

Días después se divulgó desde el Concejo una lista de 19 lugares en los que se habría hecho lo mismo, aunque sin ninguna corroboración de por medio. Con Memoria, hasta hace pocas semanas, había verificado hasta cuatro casos de esta lista.

Lo cierto es que entre la relación de lugares presuntamente intervenidos figuraba el complejo Chan Chan, un espacio que, a diferencia de los parques, tiene un acceso controlado por vigilancia municipal.

Dos meses después del primer destape periodístico, una carta de la empresa T & T Ingenieros S.G. S.A.C. dirigida al propio alcalde Daniel Marcelo sale a la luz. Fechada el 20 de septiembre del año pasado, la comunicación firmada por el gerente de la empresa, Augusto Tapia Estrada, da cuenta de un urgente reclamo: «Habiendo recibido la autorización en el mes de abril para ingresar y hacer el mantenimiento del complejo Chan Chan, y habiendo pasado el tiempo necesario y hasta la fecha la municipalidad no culmina en regularizar la documentación necesaria, mi representada no está siendo cancelada. (…) El monto es S/. 392 650, estando el trabajo avanzado en un 80 %».

«Por recuperar dichas losas, realizar el pintado de todo el complejo de 3 pisos, confección de 8 tribunas metálicas, desmontaje y montaje de 20 sanitarios, instalación de 22 llaves de lavatorio, instalación de agua a los servicios higiénicos, puesto de malla Raschel», se lee en la comunicación registrada con número de expediente 26704-19.

Líneas más abajo -y como en un rapto de sinceridad- la carta detalla: «Somos conscientes que no hubo un contrato al inicio, pero sí hubo una coordinación el área correspondiente para ir avanzando con dicho trabajo». El documento contiene además una serie de fotografías sobre personas trabajando en el polideportivo del complejo Chan Chan, con la ayuda de andamios y otros materiales de trabajo.
VER IMÁGENES: https://bit.ly/3aNeWLf

EN EL MISMO LUGAR DONDE ESTARÍA EL HOSPITAL DE CAMPAÑA

Este mismo espacio fue presentado por el alcalde Daniel Marcelo como «habilitado» para el hospital de campaña, el cual pretende instalar la Gerencia Regional de Salud para atender pacientes con coronavirus. «Todo lo que corresponde al municipio ha terminado; hemos hecho el mantenimiento», dijo Marcelo el pasado 2 de abril.

Si bien este local aún no es recibido oficialmente por el Gobierno Regional (ver: https://bit.ly/3aIRO0h), no ha sido tampoco descartado. Lo cierto es que, con la aparición de la carta de T & T Ingenieros S.G. S.A.C. y las declaraciones del alcalde, la pregunta cae de madura: ¿cuáles fueron los cambios que hizo la Municipalidad Provincial de Trujillo en el polideportivo habiendo sido refaccionado (irregularmente) el año pasado?

Hace apenas tres días, la respuesta del gerente de Obras Públicas, Jorge Bringas, fue que se encargaron de «instalar bombas hidroneumáticas, se dejaron disponibles algunos ambientes de Defensa Civil, hicimos limpieza, desinfección de la zona, pintado de los exteriores y construimos un portón». ¿No se pintó el interior?, le preguntamos en esa oportunidad. «No, el interior no; desconozco quién se encargó del pintado», contestó.

EL TESTIGO QUE LO SABE TODO

En los meses de marzo y abril, el alcalde vecinal de la urbanización Santa María, Roberto Meza Rivas, solía practicar el atletismo por las tardes en el complejo Chan Chan. Pero en cierta oportunidad, según cuenta, un hecho le llamó poderosamente la atención.

«Había una explanada para un minicoliseo, para voley y basketball, y yo entré, porque ya estaba terminada la estructura, el piso, todo, solo faltaban los aros para el basketball, entonces hice un vídeo reclamando que debería abrirse al público y lo difundí. Es ahí que la empresa me contacta. Me buscan los ingenieros, se acercan a mi domicilio y me preguntan si yo era el del vídeo. Les digo que sí y me dicen ‘mira, el ingeniero Marcelo nos ha mandado para coordinar contigo porque tú has puesto esa denuncia en el coliseo y queremos trabajarlo'», nos relata.

Meza sostiene que, durante varias semanas, hasta fines de mayo, se acercó a ver «de vez en cuando» los cambios que ejecutaba la empresa T & T Ingenieros S.G. S.A.C. en el polideportivo. Y tomó varias fotografías de estas actividades. En ellas se pueden ver los andamios, al igual que en las fotos que le mostró la empresa al alcalde. También se ven los obreros limpiando la losa deportiva o recorriendo los pasillos donde están las habitaciones de Defensa Civil, así como las tribunas metálicas que la carta hace mención.

En su trato cercano con los trabajadores y con un ingeniero que, según detalla, funcionaba como «el enlace» entre todos los empresarios que participaron en varias obras irregulares, se enteró de los entresijos: «Después vinieron a verme y me dijeron ‘oye, tú también tienes el parque Andrés Avelino Cáceres’, y me preguntaron si cabe la posibilidad de hacer esa obra», donde, además, «los mismos ingenieros me manifestaron que el hijo de Marcelo estaba dentro de la empresa, era uno de los promotores, así que estaba asegurada la obra». Los detalles del caso del parque en mención fueron publicados el pasado domingo 15 de marzo.
VER IMÁGENES: https://bit.ly/3aNeWLf

«EL TRATO DIRECTO FUE CON EL HIJO DE MARCELO»

Más allá de señalarse la misma modalidad de trabajo del caso de los parques (la empresa, a través de su carta, dijo ejecutar trabajos sin contrato esperando una posterior regularización), una denuncia penal ya está en camino, según el abogado de la empresa, Alfredo Galindo Peralta.

Galindo ratifica todo lo realizado por T & T Ingenieros S.G. S.A.C. «El piso ha estado sucio, de grasa, ellos lo que han hecho es darle una limpieza total y dejarlo casi como nuevo, utilizable, mejor dicho». Además, «les pidieron que hagan tribunas y que pongan arcos, también hicieron todo el pintado, de las oficinas de Defensa Civil también, han puesto 20 sanitarios completamente nuevos».

«La municipalidad se ha terminado beneficiando, tan es así que el mismo alcalde pretende darlo en uso para pacientes por la pandemia. Caso contrario, ni siquiera lo hubiese tenido en cuenta porque ese local estaba prácticamente inhabitable, totalmente destruido, sucio», afirma el abogado penalista.
La denuncia por estafa agravada y tráfico de influencias no solo se interpondrá contra el hijo del alcalde, Dany Marcelo Cruz, sino también contra el mismo burgomaestre, así como contra el ingeniero que, líneas más arriba, el alcalde vecinal Roberto Meza tildaba como «el enlace». El susodicho responde al nombre de Henry Lacherre Sologuren.

«Lacherre es el ingeniero que siempre habría acompañado al hijo del alcalde», dice Galindo. Este mismo nombre fue mencionado por otros testigos en denuncias pasadas por obras irregulares en los parques: se precisó que Lacherre era otro coordinador y lo conocían como el ingeniero.
Sobre Dany Marcelo Cruz, el abogado sostiene que con él se habría tratado directamente. «La empresa habría hecho más trato directo con el hijo de Marcelo, porque tenía voz y mando, por eso es que la empresa se confía totalmente».

¡HUBO AUTORIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD!

Galindo Peralta también recuerda que el lugar donde se han hecho las refacciones, a diferencia de los parques, es un área de acceso restringido. Y es una de las razones de la denuncia. «Para el uso del ambiente del complejo necesariamente es el alcalde el que tiene que conocer, que autorizar a través de la dependencia respectiva, o sea, las oficinas o subgerencias no tienen autonomía total y absoluta, tienen que poner en conocimiento del alcalde, sobre todo porque están haciendo obras en un local de la magnitud del complejo Chan Chan».
Por otro lado, dijo que el área municipal que les autorizó la entrada fue Servicios Generales, así como la misma que luego les denegó el ingreso, aunque por razones ajenas, que respondían un imprevisto almacenamiento de alimentos del Programa Vaso de Leche.
Además de ello, existe un acta de salida de materiales que presentó la empresa al despacho de alcaldía. En ella se precisa la fecha, el lugar y hasta testigos.

MARCELO NOS CUELGA EL TELÉFONO

El alcalde respondió a nuestras llamadas en horas de la tarde. Con la intención de que responda sobre quién se había encargado de, entre otras cosas, el pintado de las paredes del interior, se suscitó este atropellado intercambio de preguntas y respuestas:

Usted sabe que en el complejo Chan Chan también se ha intervenido irregularmente, como en el caso de los parques.

• Nosotros no hemos intervenido en ningún parque. Ahí hay una investigación de Fiscalía.
  ¿Quién estuvo a cargo del pintado del polideportivo del complejo?
• A ver, ¿no me dejo entender o no me quieres entender? No hemos realizado ninguna obra.
  ¿Estuvieron a cargo del pintado del interior?
• Sí, hemos hecho el mantenimiento, sí.
  ¿Pero han pintado el interior?
• Hemos hecho el mantenimiento, eso ha estado pintado. Hemos hecho el mantenimiento nosotros estos días.
• ¿Y quién ha realizado el pintado del interior?
  La municipalidad, hemos hecho el pintado.
  Ante la inesperada respuesta, le replicamos: Pero hay una empresa que ha dejado una carta en septiembre diciéndole a usted que ellos han realizado el pintado, entre otros trabajos.
• Bueno, ya te vuelvo a manifestar, eso está en Fiscalía y la Contraloría. Ellos son los que tienen que investigar, ¿ya? No tengo más que declarar.
  Y seguidamente, cuestionado por la participación de su hijo Dany Marcelo, dijo:
• Mis hijos no tienen nada que ver ni mi sobrino. Ya declaré todo y eso es todo lo que te voy a decir.
  Inmediatamente después cortó la llamada telefónica.

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Sin más detalles, hoy el área de prensa del Ministerio Público informó que apresaron preventivamente a Liñán y a su hijastro, José Ramos.
Pero en este comunicado no aclaran si se determinó quién cometió exactamente la violación y el asesinato.

Solo informaron que Liñán y Ramos cumplirán 9 meses de prisión preventiva por presunta violación «en concurso real con el delito de asesinato, en la modalidad de asesinar para ocultar otro delito».
Ahora los investigados esperan el juicio. El Ministerio Público, representado por la fiscal Diana Soto, dice que exigirá cadena perpetua.

Fotos: Arturo Gutarra

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El expediente judicial por el que el exalcalde de Trujillo Daniel Marcelo Jacinto tiene orden de captura tuvo un sospechoso trámite hasta llegar a la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL).

El expediente 933-2018, del Caso Baños Químicos, por el que en primera instancia condenaron a Marcelo Jacinto a prisión efectiva, fue ‘ruleteado’: elevado 8 veces y anulado 7 veces, antes de llegar a la Primera Sala que preside el juez Víctor Burgos Mariños, el mismo que el 22 de mayo del 2018 absolvió, junto a los otros magistrados Ofelia Namoc y Carlos Prado, al hoy prófugo exburgomaestre de La Esperanza por el Caso Vaso de Leche.

¿CÓMO LLEGAN LOS EXPEDIENTES A LOS JUECES?

En las Cortes se tramita todo expediente, de primera a segunda instancia, a través del denominado Sistema Integrado Judicial, medio digital operativo que asigna aleatoriamente los casos, es decir, no hay nada ‘a dedo’.

No obstante, el 16 de noviembre del 2020 “en pequeños intervalos de tiempo, el expediente (Baños Químicos) fue elevado y a la vez anulado hasta en ocho oportunidades, siendo la última, recién a las 14:14 p.m, lo cual generó la remisión del mismo a la Sala Penal Superior (conforme se verifica de las capturas de pantallas que adjunta), sin embargo, sobre ello en el expediente en físico no obra razón alguna expedida por el Especialista Jurisdiccional de instancia”.

Esto es lo que se precisa, a la letra, en la Resolución Nro. 41, emitido hace solo tres días: 14 de diciembre de 2020, mediante la cual la coordinadora de las Salas Penales de Apelaciones advierte del hecho a la misma Primera Sala Penal, situación que ya fue derivada a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de La Libertad.

LA ODECMA INVESTIGA

Con Memoria se comunicó con la jefa de la ODECMA de la CSJLL, Mery Robles Briceño, quien confirmó que ayer (16 de diciembre), dicho caso fue puesto de conocimiento a su despacho.

It’s engaging. It’s hopeful. It pushes the plot forward.

Según el procedimiento, en primera instancia la ODECMA hará las indagaciones a través de un magistrado contralor.

Vale recordar que el juez Víctor Burgos Mariños, como presidente de la Segunda Sala de Apelaciones de la CSJLL, el año 2019, en vísperas de ventilarse el Caso Bloqueadores, admitió, junto a su colega Manuel Loyola Florián, nuevas pruebas presentadas por Daniel Marcelo, a pesar que se cuestionó que no cumpliría con lo señalado en el inciso 2 del artículo 422 del Código Procesal Penal.

“ESTO ES ANORMAL”

Al respecto, el abogado penalista César Rubio Azabache tildó este hecho de “anormal”. “Esta es una circunstancia irregular, porque a través del sistema lo que se pretende es garantizar, de una manera aleatoria, que se designe la competencia de una Sala. Se presta para muchas interpretaciones. Se genera una posible suspicacia sobre si esto habría sido orientado para una posible Sala”, sostuvo el letrado.
El abogado Rubio Azabache agregó que esto debe ser plenamente aclarado por la especialista (Saira Zuli Zumarán Sánchez) que realizó este trámite del expediente Baños Químicos e inclusive amerita una exhaustiva investigación con pericia informática.
“Esto afecta la imagen de imparcialidad, la imagen sobre la forma en que se llevó a cabo esta elevación del expediente sobre un caso emblemático”, dijo.
El abogado agregó que la Fiscalía Superior y hasta la Procuraduría Anticorrupción podrían observar este hecho y solicitar la nulidad de todo lo actuado, hasta ahora, por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
Ahora, ¿si la Sala Penal considera que ha habido irregularidades en la elevación del expediente, y el caso ahora está en la ODECMA para que se investigue, porqué se avocan al conocimiento del proceso?
¿No sería lo adecuado ordenar que los actuados reingresen a la mesa de partes de salas penales para que de manera realmente aleatoria se determine a que Sala le corresponde el Caso Baños Químicos?

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Desde el año pasado, el Colegio de Abogados de La Libertad exige declarar inconstitucional una norma del 2012, lo cual desfavorece a la Sunat al no permitirle cobrar ciertas deudas tributarias. Conozca de qué trata el caso y a sus protagonistas. Este 22 de septiembre el Tribunal Constitucional tendría la última palabra.

MARTHA BRINGAS Y LOS INTERESADOS

Evitar el cobro de 11 mil millones de soles de impuestos a un grupo de empresas se ha puesto en debate en el Tribunal Constitucional (TC) gracias al Colegio de Abogados de La Libertad, que presentó una demanda en febrero del 2019 y hoy solo espera el veredicto.
Solo los colegios profesionales, junto a otras pocas instituciones, pueden presentar demandas constitucionales.
La pregunta es: ¿el Colegio de Abogados de La Libertad quiere realmente comprarse el pleito con la Sunat en defensa de la seguridad jurídica del país, tal y como alegan los impulsores de la medida?
OjoPúblico, en enero de este año, advirtió que José Carlos Gálvez Rosasco, socio de la firma Gálvez & Dolorier —uno de los bufetes de abogados más grandes del país y que patrocina, por ejemplo, a Teléfonica en sus más de 20 litigios contra la Sunat o a Backus y Jhonston en materia laboral— fue designado como representante del Colegio ante el TC junto a otra socia de la firma y a la abogada Martha Bringas Gómez, muy reconocida entre colegas y medios de comunicación de Trujillo.
Gálvez reconoció a Ojo Público que “fue él quien les llevó la idea, aunque dice que fue de forma casual”, pues coincidió una vez con la abogada Bringas en Trujillo y ella le mencionó que “tenía mucha cercanía con el Colegio de Abogados de la Libertad” y que podía plantearle al decano ejercer alguna medida.
Bringas también es mencionada en la memoria anual del Colegio como la responsable del proyecto.

EXPLICACIÓN EN 4 CLAVES: COLEGIO DE ABOGADOS VS. SUNAT

¿Pero qué demandan exactamente? ¿Cómo se generó y a quién compromete? Aquí un relato cronológico:

Hace diez años, el plazo de vencimiento de una deuda por impuestos empezaba el primer día del año siguiente y terminaba en 4 años. En ese tiempo, la Sunat tenía dos tareas: fiscalizar, precisando el monto de la deuda, y cobrar. Pero, en 2012, se ordenó que la prescripción de las deudas inicie recién cuando la Sunat sepa la cifra exacta de esas deudas, no antes. Era lógico: ¿cómo la Sunat iba a cobrar algo que no había determinado?

Pero, tras el cambio, varias empresas reclamaron al Tribunal Fiscal (del MEF) que, en sus casos, no iban a adaptarse a los nuevos plazos porque el vencimiento de sus deudas ya estaba corriendo cuando se publicó la nueva ley. El Tribunal Fiscal les dio la razón: la norma no podía ser retroactiva.

En el 2018, el Gobierno contradijo al Tribunal Fiscal con un decreto que reafirmaba la normativa del 2012, señalando que aquellas empresas que reclamaron tenían que adaptarse, dilatando sus plazos de vencimiento de deuda. La demanda constitucional es contra este decreto.

Lo que arguye el Colegio es que no puede haber una norma retroactiva que “resucite” plazos de prescripción, cuando estos ya habían iniciado. Pero la Sunat replica de dos formas: no se puede cobrar algo que no se ha determinado y, por otro lado, el plazo sí puede cambiarse porque más importa la obligación del deudor.
La Sunat indica que son 233 empresas comprometidas en el problema (sin revelar nombres) y que solo 22 de ellas se juegan 9 400 millones de soles, el 85% de lo que está en riesgo de perderse.

¿UTILIZARON AL COLEGIO?

El exdecano Manuel Montoya dice que sí hubo un acuerdo de su junta directiva antes de tomar la decisión y que, sobre los gastos, “solamente recuerdo que fueron los pasajes”.
—¿Y los servicios del estudio de abogados?
No. Nosotros solo hemos formulado la demanda con la Dra. Martha Bringas en el TC.
—Pero en una de las audiencias de noviembre sustentó una abogada del estudio Gálvez & Dolorier.
Mi gestión fue hasta cuando se admitió. Lo que pasó más adelante desconozco. En mi gestión se presenta y se admite la demanda: solo vio los gastos que promovieron la demanda.
Respecto al porqué no se convocó a un debate jurídico entre agremiados, Montoya responde que “no es necesario, aquí era lo que exactamente la especialista de derecho tributario nos informó”.

BRINGAS: INUBICABLE

Martha Bringas, cuyo nombre y declaración aparecen en algunas notas de prensa sobre la demanda, es ahora gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Trujillo, es decir, funcionaria de confianza de José Ruiz.
Visitamos el despacho de Bringas ayer por la tarde, pero nos dijeron que estaba ocupada. Tampoco respondió a nuestras llamadas y mensajes.

POSDATA

Martha Bringas nos respondió un día después y una de sus acusaciones fue que dimos por absolutamente cierta la información del portal Ojo Público, sin contrastar nada, hecho que es falso, pues sí lo hicimos con todos los datos. Aquí dejamos la evidencia.

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