De este modo, el máximo ente electoral rechazó la apelación presentada en contra del acuerdo adoptado en una sesión extraordinaria del concejo provincial de Trujillo, por lo que se estima que Fernández Bazán retornaría al sillón municipal el próximo 11 de junio de 2024, un día después que se cumpla su sentencia por difamar a la teniente PNP Nataly Rojas.

Como es sabido, en la actualidad quien está asumiendo funciones como alcalde provisional es Mario Reyna Rodríguez, quien acompañó como primer regidor en la lista encabezada por Arturo Fernández durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Durante la audiencia ante el Pleno del JNE se dio a conocer que Arturo Fernández ya habría pagado la reparación civil de S/ 25,000 contra la agraviada suboficial Nataly Rojas.

«La suma considerada (durante la primera instancia) es ínfima, por lo que este tribunal ampara la pretensión recursal de la parte querellante, debiendo ser reformada la cuantificación que fuera impuesta de cinco mil soles a la suma de veinticinco mil soles, que es la que este órgano superior considera proporcional a la afectación del bien por daño moral», relató la jueza Liliana Rodríguez, durante la ratificación de la condena contra Fernández en junio de 2023.

Como se recuerda, este es el segundo caso en la historia de la alcaldía de Trujillo donde se produjo la suspensión de un burgomaestre en funciones, dado que el primero fue contra el exalcalde Daniel Marcelo Jacinto, producido en julio del 2020, luego que fuera condenado por corrupción.

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«El órgano jurisdiccional va a amparar los 18 meses de prisión preventiva que ha solicitado el representante del Ministerio Público para los fines descritos por el propio titular de la acción penal. Por estas consideraciones el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva», informó la jueza María del Carmen Luya Méndez, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Valdivia Montoya se encuentra detenido en Rusia, país hasta donde llegó luego de fugar del país rumbo a Colombia, el día del crimen. Según informó el ministro del Interior, Vicente Romero, Valdivia permanecerá en un establecimiento penitenciario del país europeo mientras se realiza el trámite de su extradición.

«LO MATÉ POR ACCIDENTE»

«Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo», aseguró Abel Valdivia a RPP Noticias la tarde de hoy.

Valdivia asegura que teme por su vida y la de su familia; además, remarcó que fue invitado a la fiesta por el propio anfitrión del cumpleaños, el excongresista Paúl García.

«Yo no fui con ninguna intención de provocar algún tipo de suceso, accidente o catástrofe como la que se ha dado. Al momento de retirarnos yo no peleé con nadie, yo no conocí a nadie en ese lugar. Al momento de retirarnos alguien me agrede en el rostro y luego mi hermano sale en mi defensa. Por mi familia, por mi hija que es una bebé. Ella me necesita también porque ella es lo único que depende de mi, de mi trabajo. Pido por favor a los fiscales y jueces que vean en realidad todo como fue», añadió.

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Salazar Cabrera, que fue asigando como personal de seguridad de Paúl Rodríguez cuando se desempañaba como burgomaestre, fue abatido de varios balazos junto al empresario Cristian Pablo Vásquez, al interior de una juguería ubicada en la intersección de las calles Cahuide y Manuel Ubalde, a espaldas de la comisaría Nicolás Alcázar, en el distrito El Porvenir, provincia de Trujillo, región La Libertad.

Este brutal doble crimen hoy se encuentra en investigación preliminar a nivel del Ministerio Público, y la conversación telefónica entre la aexautoridad edil y el efectivo policial en retiro ha cobrado notoriedad, caso que también está incluyendo en calidad de testigo a conocidos personajes políticos de la región liberteña, entre ellos, el exalcalde de Trujillo José Ruiz Vega.

LA CONVERSACIÓN

De acuerdo al audio al que tuvo acceso, en exclusivo, Con Memoria Periodistas, se verifica que fue Rolando Salazar quien llamó a Paúl Rodríguez para hablar sobre temas de fútbol, de actividades que podrían compartir por el Día de la Madre, entre otros asuntos.

Sin embargo, nada hacía presagiar que durante esa llamada se produciría el atentado que terminó con la vida del policía en retiro.

Escucha el audio completo en este enlace: PAÚL RODRÍGUEZ

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Según la tesis fiscal, a cargo del doctor William Rabanal Palacios, el líder de dicha banda es Juan Ramón Sánchez Cerna, alias “Serrano Cheng o Shen”, a quien señala de «coordinar, dirigir y ordenar a sus subalternos realizar llamadas amenazando a los gerentes o dirigentes de empresa de Transportes “California”, “Virgen de la Puerta”, empresarios y microempresarios de diversos rubros; para que paguen cupos extorsivos y a su vez para que se constituyan directamente al lugar a recoger el dinero y/o para que coordinen el pago mediante transferencia bancaria y/o aplicativo “Yape”.

LAS ACCIONES DELICTIVAS

La teoría fiscal remarca que “Serrano Cheng» es es el encargado de coordinar todos los hechos ilícitos cometidos por los integrantes de esta banda criminal, quienes bajo su dirección extorsionan, roban y asesinan a personas.

Además, este personaje «realiza las coordinaciones junto a alias “Burro” (Ángel Orlando Reyes Siccha), para cometer actos ilícitos en contra de la empresa de transporte “Virgen de la Puerta”. Asimismo, es el encargado de guardar algunas armas de fuego en la casa de su mamá ubicado en el asentamiento humano Las Palmeras, en el distrito de La Esperanza; y en su domicilio actual ubicado en la Urb. Las Quintanas, en Trujillo, donde vive con su pareja, la investigada Gianella Antón Silva, alias “Gianella”.

Además de proporcionar las armas de fuego a los integrantes para que cometan los hechos ilícitos, también abastece unidades móviles para que sus miembros cobren los cupos, recogan el dinero extorsivo, coaccionar a los agraviados; así como también proporciona dichos vehículos a fin de que lleven a cabo los actos ilícitos como homicidio y robo agravado.

DIRIGEN DESDE EL PENAL

«Burro» fue líder de la banda criminal “Los Pájaros de Florencia de Mora”, y actualmente se encuentra recluido en el penal de Lima, y desde ahí se encarga de coordinar, dirigir y ordenar junto a “Serrano Cheng” hechos ilícitos en agravio de empresas de transporte público, microempresarios, empresarios y comerciantes de diferentes rubros.

Un nexo clave de estos dos personajes es Wilson Smith Briceño Vásquez, alias “Peluca”,  señalado de ser la mano derecha de “Burro”, el mismo que cumple todas las órdenes dadas por éste; además, se encarga de extorsionar a las gerentes y/o dirigentes de las empresas de transporte público y a empresarios dedicados a diferentes rubros.

Pero no solo eso, «Peluca» también es sindicado de robar subiendo a los microbuses y dejar sobres con números telefónicos y municiones, para luego negociar con las extorsiones.

LO INCAUTADO

La madrugada del 4 de julio último, agentes de la Policía y 28 fiscales ejecutaron órdenes de allanamiento en 15 inmuebles: dos en la provincia de Trujillo, dos en la ciudad de Huamachuco (Sánchez Carrión) y, uno en Chimbote. Además de la intervención de cuatro celdas en el penal El Milagro, dos celdas en el penal Cambio Puente de Chimbote y una celda en el penal Miguel Castro Castro de Lima.

Tres armas de fuego con 170 municiones para pistolas, fusiles AKM y para fusiles FAL, fueron incautados durante dicho operativo; además de 52 celulares, 4 laptops, 25 stickers extorsivos, 4 tablets, 2,347 soles en efectivo y 701 dólares americanos.

Entre lo hallado también había un cuaderno con el registro de las personas y empresas a las que extorsioban. Para la Fiscalía es elemental este objeto dado que ayudará a evidenciar las imputaciones contra «Los Malditos del Triunfo Nueva Generación».

EL EFECTIVO POLICIAL EN LA BANDA

Daniel Josué Reyes Morales, alias «Daniel”, es un suboficial de tercera de la Policía Nacional que integra el Grupo Terna y también es parte de esta organización criminal. El es cuñado del cabecilla Juan Sánchez Cerna, dado que es pareja sentimental de Floridelia Sánchez Cerna, hermana de “Serrano Cheng”.

Este mal policía se encargaba de avisar a la banda criminal sobre los operativos «y de limpiar la zona para que los integrantes cometan hechos ilícitos, movilizando a los integrantes».

Además tiene la función de poner en conocimiento si hay alguna orden judicial para reventar puertas, e incluso, se encarga de proporcionar de armas de fuego para la gente de la banda, y de tramitar las licencias para que puedan portar estas armas.

LOS 16 DE MÁS DE 26 INTEGRANTES

Para el fiscal William Rabanal, los «Malditos del Triunfo» estarían conformados por más de 26 integrantes, sin embargo, por ahora solo pudieron dar con 16 de ellos, cuya lista es la siguiente:

Juan Ramón Sánchez Cerna (35) “Serrano Cheng”, Wilson Esmith Briceño Vásquez (18) “Peluca”, Cristina Quiac Neekat (30) “Cristina”, Erik Janpool Saavedra Abanto (20) “Janpool”, Alex Pepe Gonzales Mendonza “Chiquillo Alexander”, Néstor Alexander Vásquez Avila (23) “Zorrito”, Virgilio Fidel Sánchez Salvatierra (28) “Fifo”, Virgilio Alexander Sánchez Cerna (19) “Mono”, Marwin Joel Vásquez Salirrosas (25) “Marwin”, Clider Orlando Collqui Sandoval (24) “Cholo Colqui”, Deyvis Esquivel Culquitante (39) “Deivi”, Saúl Sanchez Cerna (26) “Chucky”, Daniel Josué Reyes Morales (24) “Daniel”, Jhordi Joel Segura Lazaro (22) “Jordi”, Gianella Lizeth Anton Silva (22) “Lizeth” y Victor Yair Diaz Goicochea (18) “Yair”.

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Sucede que la apepista Nelcy Heidinger, quien fue respaldada por su copartidario Eduardo Salhuana Cavides, planteó una cuestión previa para cambiar la propuesta de 120 días de suspensión por solo una amonestación escrita y 30 días de multa para Ruíz Rodríguez, denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores.

Dichos votos a favor del blindaje fueron así: Waldemar Cerrón Rojas, María Agüero Gutiérrez, Kelly Portalatino Ávalos y Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), Elías Varas Meléndez (Perú Bicentenario), Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Javier Padilla Romero (Renovación Popular), Nelcy Heidinger Ballesteros y Cheryl Trigozo Reátegui (APP).

Quienes votaron en contra de aminorar la sanción a Magaly Ruíz fueron: Diego Bazán Calderón (Avanza País), Karol Peredes Fonseca (Acción Popular), Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático), Juan Carlos Lizarzaburu y Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular).

Quien se abstuvo, tal como lo hizo durante la votación del último viernes 9 de junio, fue Óscar Zea Choquechambi, del Bloque Magisterial.

Dicha decisión de los miembros de la Comisión de Ética pasará al Pleno del Congreso; sin embargo, vale recordar que está pendiente el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside la también apepista Lady Camones Soriano.

Por su lado, la Fiscalía de la Nación continúa con las pesquisas contra la congresista liberteña Magaly Ruíz y su exasesor principal Johnny Romero Nima, señalados como los autores del delito de concusión por este caso denominado «Mochasueldos».

La entrada El blindaje de los «cerronistas» a Magaly Ruíz por el caso «Mochasueldos» se publicó primero en CON MEMORIA.

Los referidos votos en abstención fueron siete: Waldemar Cerrón Rojas, María Agüero Gutiérrez, Flavio Cruz Mamani (Perú Libre); Elías Varas Meléndez (Perú Bicentenario); Óscar Zea Choquechambi (Bloque Magisterial); además de los votos de Hitler Saavedra Casternoque (Somos Perú) y Javier Padilla Romero (Renovación Popular).

Los que votaron por el blindaje a la también exfuncionaria de confianza del condenado por corrupción Daniel Marcelo Jacinto, exalcalde distrital de La Esperanza (Trujillo), fueron los legisladores Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre), Cheryl Trigozo Reátegui, Nelcy Heidinger Ballesteros (APP) y Luis Aragón Carreño (Acción Popular), los mismos que finalmente votaron en contra.

Los congresistas que sí votaron a favor de suspender a la alfil de César Acuña Peralta fueron: Diego Bazán Calderón (Avanza País), Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (Fuerza Popular), Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático) y Karol Paredes Fonseca (Acción Popular).

Debido a que los votos en abstención fueron más que los de a favor y en contra, se anunció que el caso «Mochasueldo» deberá ser nuevamente visto en la próxima sesión de la Comisión de Ética, que sería el lunes 12 de junio.

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Será la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, integrada por los magistrados Cecilia León Velásquez, Ofelia Namoc Medina y César Ortiz Mostacero, quien decida el destino del burgamestre quien terminaría siendo suspendido del cargo.

EL CASO DEL «LOCO»

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando el entonces alcalde distrital de Moche, a través de una transmisión por las redes sociales, se refirió de manera despectiva contra la suboficial Rojas Rojas, debido a que días antes la autoridad edil había sido intervenido por impedir que se trasladen vacunas contra la Covid-19.

En agosto del 2022 (dos meses antes de las elecciones municipales), Fernández Bazán fue condenado, en primera instancia, a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de S/ 5,000 de reparación civil a favor de la agraviada.

La citación judicial a Arturo Fernández es de carácter inaplazable, según se lee en el documento emitido por el Poder Judicial el 22 de mayo último. ¿Ya calienta Mario Reyna -primer regidor de la MPT-, el socio de Luis Valdez y uno de los exengreídos de César Acuña Peralta?

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En la víspera renunció Manuel Herrera Becerra, gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien además estaba encargado como secretario del Comité de Promoción de la Inversión Privada. Herrera fue uno de los funcionarios que inició con la gestión de Arturo Fernández, no obstante, en su carta de renuncia fue contundente en sus motivos.

“Los motivos que me obligan a dimitir a estas designaciones son: la poca seriedad con la que desde la alta dirección se maneja la gestión municipal y la inexistente priorización de los proyectos y actividades de inversión dentro de la comuna. Por lo tanto, solicito me dispense del plazo de 30 días de anticipación que exige la ley en caso de renuncia”, escribió en su misiva dirigida al burgomaestre de Trujillo, ayer 17 de mayo.

DOS MÁS, Y YA VAN CERCA DE 30

Otro funcionario que también presentó su carta de renuncia fue Félix Rubio Herrera, quien se desempeñaba como subgerente de Participación Vecinal. En el documento enviado al alcalde, señala que lo hace “por motivos personales y ajenos a mi voluntad”.

El caso más llamativo fue el despido del gerente de Obras Públicas, Larry Lezama Ángulo, por quien Arturo Fernández cursó la resolución de alcaldía nro. 349-2023-MPT, indicándole que no iba más.

“Establecer que el ingeniero Larry Lezama Ángulo ejercerá el cargo de gerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Trujillo hasta el 16 de mayo de 2023″, se indica en el documento.

Vale recordar que el alcalde de Trujillo encargó a Lezama Ángulo tramitar el polémico pago de casi dos millones de soles ejecutados a favor del Consorcio Vial del Norte, referente al mejoramiento de pistas ejecutados por la anterior gestión de José Ruiz Vega.

A la fecha, suman más de 20 funcionarios que dejaron la adminsistración municipal de Trujillo, entre ellos, los responsables de las gerencias de Desarrollo Social, de Transporte, de Asesoría Jurídica, y de algunas subgerencias como Defensa Civil, Programas Alimentarios, entre otros.

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En mérito al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que recomienda acusar a dichos parlamentarios por los presuntos delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano, se propone el desafuero de ellos mientras dure el proceso penal que afrontan, pudiéndose reincorporar en caso sean absueltos.

Vale precisar que el informe de la SAC también recomienda archivar la denuncia constitucional contra los mencionados legisladores, por falta de material probatorio presentado, por el delito de colusión simple y agravada y por el delito de cohecho pasivo impropio.

A primera hora, desde el Ministerio Público anunciaron que se formuló denuncia constitucional contra Espinoza, Doroteo, Vergara y Flores por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

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