Redacción Con Memoria Periodistas
Recientemente, los dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, así como el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, fueron incluidos en el programa de recompensas de la Policía Nacional del Perú, estableciéndose montos de S/ 30 000 y S/ 15 000 por información clave que dé con su paradero y permita su captura, tras investigaciones en su contra por presuntos casos de corrupción.
Tanto Pacheco como los parientes de Castillo están bajo la lupa de la Fiscalía por verse comprometidos en delitos como tráfico de influencias, colusión agravada, organización criminal y falsa declaración en procedimiento administrativo, relacionados a contrataciones como el de la licitación de una obra a favor del consorcio Puente Tarata III.
A esta decisión la precedió una solicitud de la Comisión de Fiscalización del Congreso para incluir a los tres investigados en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
SIN EMBARGO…
Para otros personajes no hay ni la apariencia de estar haciendo algo.
Pese a que el exalcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, está sentenciado (no investigado) desde octubre del 2020 por el delito de negociación incompatible con una pena efectiva de cárcel de 4 años y 8 meses -al igual que los exalcaldes distritales Carlos Vásquez Llamo y Roger Obeso Quispe-, la Policía Nacional del Perú no ha puesto precio por su cabeza en ningún momento.
¿El criterio para determinar una recompensa por información o la captura de alguien es «discrecional»? ¿En dónde quedan las penas establecidas por el Código Penal cuando se trata de delitos de corrupción? ¿Son simple letra muerta?