Escribe: Gonzalo Haro
El proyecto legislativo N.° 184-2021-CR, según se lee, busca que los condenados por corrupción de funcionarios, entre otros (como terrorismo, tráfico de drogas, violación sexual u organización criminal), no puedan ser nombrados por el Poder Ejecutivo «para ejercer altos cargos en el Estado». Todo bien, pero ¿quién se arroga la autoría? Magaly Ruíz Rodríguez, la trujillana que hoy ocupa una curul en el Congreso de la República…
LA AUTORA
Pero la congresista Ruíz no solo es autora del proyecto de ley, sino también de un delito penal, de acuerdo a una investigación del Ministerio Público, en Trujillo.
A fines de marzo Con Memoria reveló que Ruíz, cuando era gerente municipal en el distrito La Esperanza -de la mano del exalcalde (hoy prófugo) Daniel Marcelo-, autorizó irregularmente el pago de aguinaldos (por Fiestas Patrias y Navidad), inflando hasta diez veces su monto real.
De esta autorización salieron beneficiados los bolsillos de la mismísima congresista Ruíz y de muchos otros exfuncionarios de confianza municipales. El perjuicio económico, según la Fiscalía, es de más de S/ 100 000 contra la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Ruíz nunca respondió específicamente por las imputaciones. Al diario Correo solo le dijo, mediante un comunicado escrito, que nuestra publicación era parte de «una maniobra vil y sucia de la oposición», ya que «estos ataques salen a pocas semanas de las elecciones», refiriéndose a la pasada jornada de abril.
«LA INVESTIGACIÓN FISCAL YA CUMPLIÓ SU PLAZO»
Consultado telefónicamente, el fiscal Juan Carlos Rodríguez Muñoz -a cargo del caso- dijo que «el requerimiento acusatorio (contra Ruíz y otros exfuncionarios municipales, incluyendo al prófugo Marcelo) aún no lo terminamos», es decir, el tema aún no pasa por un control de acusación, la fase previa para cualquier juicio.
Hace más de cinco meses el mismo fiscal le precisó a Con Memoria que «solo el 50 % de los imputados han declarado», pero que «el requerimiento acusatorio sería planteado antes de que finalice mayo», siendo el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el encargado de revisarlo.
Sin embargo, su anuncio no se cumplió. ¿Por qué? Hoy por hoy, el fiscal alega que «la investigación ya cumplió su plazo, no tenemos más diligencias programadas», pero «aún no lo terminamos por su complejidad y porque hemos tenido que atender otras actividades. Por ejemplo, este mes nuestro despacho está de turno».
«Lo más probable es que en octubre, que ya inicia en una semana, estemos retomando el caso para terminar nuestro pronunciamiento», declara ahora el fiscal Rodríguez.
Mientras la congresista Magaly Ruíz cita extractos del Código de Ética de la Función Pública en su proyecto de ley, el cual «representa un avance en la legitimación de los altos funcionarios, al tener en aquellos cargos a personas sin mayores cuestionamientos», su caso en la Fiscalía y el Poder Judicial sigue sin un desenlace.